José Domingo: «Ser educados en español es un derecho constitucional y se está vulnerando de manera sistemática»
El presidente de la Fundación Impulso y Cooperación subraya que la separación de poderes es «un principio esencial en el Estado de derecho» y asiste con preocupación al intento de «deslegitimar» por parte del Gobierno la actuación de jueces y magistrados
Natalia Cristóbal
La Fundación Impulso y Cooperaciónrecibió este martes el Premio al Mérito por España que concede anualmente el Instituto CEU de Estudios de la Democracia en reconocimiento a «su esfuerzo en defender los derechos constitucionales en aquella parte de España en los que son conculcados». Esta entidad nació como tal a finales del año pasado, y se presentó públicamente hace unos meses en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en ella confluyen dos asociaciones, Impulso Ciudadano (que nació en 2009) y Asamblea por una Escuela Bilingüe (en 2014), que cuentan con una larga trayectoria trabajando en defensa de los derechos lingüísticos y los valores constitucionales. Habla con El Debate su presidente, José Domingo Domingo, que hasta el año pasado lo ha sido también de la primera de estas asociaciones.
–¿Qué supone para ustedes ser galardonados con el Premio al Mérito por España?
–Un verdadero orgullo. Primero porque formamos parte de un elenco de premiados muy destacable, las personas que nos han antecedido son gente muy valiosa en la defensa de los valores democráticos, de los derechos humanos, de los valores cívicos, gente que ha trabajado por el interés de España y del bien común. Que la fundación pase a formar parte de él nos llena de satisfacción y estamos muy contentos por que nuestro nombre figure con gente tan prestigiosa, tanto de la propia institución que nos lo ha concedido como de nuestros compañeros de premio.
–¿Qué les lleva a unirse desde Impulso Ciudadano con Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña y crear su fundación?
–Nace precisamente para dar apoyo a las entidades que ya estaban realizando una labor muy destacada, no solo en el ámbito catalán, sino en toda España. Estas dos entidades tienen una gran trayectoria. Hemos conseguido el patrimonio suficiente y un elenco de personas suficientes para publicitar las actividades que realizan y las que vamos a realizar desde la propia fundación. De ahí que esta refuerza el papel de las entidades de la sociedad civil. Y la captación de fondos que podamos obtener a través de la fundación será canalizada para acciones, actividades o iniciativas que realicen estas asociaciones y otras entidades. Este año hemos ayudado a Escuela de Todos, una coordinadora de entidades a nivel nacional que intenta potenciar el español en los centros educativos.
–Haciendo hincapié en la defensa de los derechos lingüísticos que llevan muchos años llevando a cabo y se han anotado varios éxitos. ¿Cuál es la realidad que se vive en este sentido? ¿Nota algún cambio en los últimos años? En Cataluña, en el País Vasco,…
–Por desgracia la realidad lingüística en España es muy similar, ya no solo en Cataluña, sino en otras comunidades y es que el español, a pesar de que la Constitución la reconoce como lengua oficial y en consecuencia como una lengua que se ha de enseñar y es una lengua vehicular –así lo han dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en muchas sentencias–, ese carácter de lengua vehicular no se garantiza en todos los centros educativos españoles, y hay comunidades autónomas muchos mas drásticas como el País Vasco y Cataluña.
Cataluña ha sido «pionera» en la discriminación lingüística. La lengua vehicular de enseñanza es exclusivamente el catalán y el español tiene un papel muy residual, de manera que solamente aquellas familias que de una manera muy valiente solicitan enseñanza en castellano consiguen la vehicularidad, en un porcentaje, a nuestro juicio, claramente reducido, puesto que los tribunales, ante la ausencia de unos criterios por parte de unas administraciones, fijaron en el 25 % el mínimo para considerar que una lengua sea vehicular.
Y ese 25 % incluso ya el TSJC estableció que se debía generalizar en todos los centros educativos de Cataluña. Eso tampoco se cumple y se han establecido una serie de disposiciones legislativas por parte del Gobierno y el Parlamento de Cataluña para tratar de incumplirlo. Ahora estamos pendientes de que el TC resuelva las cuestiones de inconstitucionalidad que se han planteado a instancias de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en contra de ellas.
En otras CCAA también la situación es muy lamentable. En el caso del País Vasco estamos encontrando cómo se están cerrando los centros educativos de línea A, los de aquellos padres que solicitan la enseñanza en castellano para sus hijos como lengua principal. El Gobierno vasco, a través del departamento de Educación, está forzando el cierre de esos colegios. No porque no haya alumnos que quieran enseñanza en castellano o la enseñanza bilingüe (el modelo de línea B), sino porque estratégicamente ha decidido, en una mala aplicación de la ley de educación vasca, erradicar el castellano como lengua de enseñanza.
Eso viene aparejado de algo especialmente grave, como lo que hemos visto en estos últimos días, que los tribunales las pruebas de selectividad están calificando con ceros a aquellos alumnos que proceden de las líneas de enseñanza en castellano o bilingüe. Eso es claramente una decisión política. Determinadas instituciones nacionalistas consideran que la lengua única, a pesar de ser una lengua claramente minoritaria sociológicamente, debe ser el vasco y para eso tratan de forzar la máquina e imponer sanciones. Es un tema gravísimo. Estamos ante una situación especialmente perversa.
En otras partes de España donde en principio no tendría que haber conflictividad, la hay. El modelo de libre elección valenciano no acaba de cuajar y se están produciendo algunas disfunciones en su aplicación, y el modelo balear, por desgracia los partidos que gobiernan allí no tienen especial interés en poner en marcha un modelo que garantice el bilingüismo real.
Por eso entendemos que es necesario un refuerzo de la Ley Orgánica de Educación que asegure de verdad y garantice el derecho de todos los españoles a ser educados en español. Es un derecho constitucional y se está vulnerando de una manera sistemática en las comunidades a favor de las lenguas propias. Nos parece muy grave que los distintos gobiernos, algunos con más celo y otros con dejadez, no hayan tenido la voluntad de garantizar ese derecho constitucional a todos los alumnos españoles.
–Esta semana hemos conocido que en el Parlamento de Cataluña va a ondear ya de forma permanente la bandera española, que como usted remarcó no se hacía desde hace 45 años. Ha sido gracias a una iniciativa suya…
–Una de las razones de ser de la asociación Impulso Ciudadano y que asume la fundación es la defensa de los símbolos constitucionales. Para nosotros es muy importante que los símbolos de todos, en este caso la bandera de España, esté presente en las instituciones y administraciones. Llevamos una gran trayectoria en ese sentido. Hemos estado fiscalizando, hemos fotografiado, por ejemplo, los 947 ayuntamientos de Cataluña para ver qué grado de cumplimiento se tenía por parte de las autoridades de la Constitución (Art. 4) y de la ley de 1981 que regula la bandera de España y las autonómicas.
A partir de 2021 empezamos a hacer informes y observamos que más del 80 % de ellos incumplían esta normativa y no ponían la bandera de España. Y había ayuntamientos con una gran presencia de símbolos separatistas. Hemos interpuesto centenares de requerimientos y decenas de recursos contenciosos administrativos. Prácticamente la totalidad de los procedimientos han sido estimados y gracias a eso ayuntamientos de todos los colores disponen en estos momentos de la bandera de España en sus fachadas.
Nos parecía especialmente grave que las instituciones más representativas de Cataluña no cumplieran tampoco la normativa. En el caso del Parlamento, solo ondea la bandera los días que hay Pleno, con lo cual estaba ausente casi todos los días del año. Hicimos un requerimiento a su presidente para que cumpliera la normativa de banderas. Y el TSJC en un auto de medidas cautelares ha ordenado que con carácter permanente se ondee la bandera de España y la de Cataluña en la fachada. Es un gran paso.
–Han presentado también tres recursos ante el Supremo contra la transferencia de competencias en materia de Seguridad Social al País Vasco, que han sido admitidos a trámite. Hemos visto el llamado cupo catalán, la transferencia de competencias a varios niveles…¿Hasta dónde cree que van a llegar las cesiones al independentismo?
–Este tema es especialmente grave, puesto que afecta a la vida de muchas personas. Nos ha parecido especialmente grave que esa política de contentamiento permanente que mantienen los gobiernos españoles con el nacionalismo para conseguir su apoyo se haya incrementado de una manera tan notable en los últimos tiempos. Aparte del riesgo que tiene la transferencia de determinadas políticas fiscales a Cataluña en estos momentos, como preámbulo de otras que pueden venir, y el establecimiento de una financiación singular que nos parece especialmente grave. Nosotros creemos que el régimen común debe ser aplicado a toda España.
Se han producido tres transferencias al País Vasco: una en materia de seguro escolar, otra de prestaciones familiares no contributivas y la gestión de la prestación por desempleo. Entendemos que la vía que se ha utilizado para hacer esas transferencias es irregular; debería haberse hecho en algunos casos por ley y en otros por real decreto. Altera el principio de igualdad en materia de prestaciones para todos los ciudadanos de España. Y los mecanismos que se han utilizado de compensación en la cesión de las transferencias rompen, a nuestro juicio, el principio de unidad de caja de la Seguridad Social, y ese es un principio que el TC viene recogiendo como constitucional.
–A propósito de las informaciones que estamos conociendo especialmente estas últimas semanas y teniendo en cuenta que su fundación nace con la misión de «defender la buena gobernanza, la igualdad de derechos y la solidaridad» y buscando reforzar a la sociedad civil frente a la degradación institucional, ¿cuál es a su juicio el estado de salud que atraviesa el Estado de derecho en España en estos momentos?
–Estamos especialmente preocupados por este tema. La separación de poderes nos parece un principio esencial en el Estado de derecho. Y hemos observado con preocupación cómo desde el Gobierno de la nación, y antes se ha llevado a efecto por parte de los gobiernos y fuerzas separatistas, se trata de deslegitimar la actuación de los magistrados y jueces. Esa es una política que el Consejo de Europa y la UE vienen calificando como contraria al Estado de derecho e identificadora de un déficit de calidad democrática en las naciones.
Es fundamental que los derechos de los ciudadanos se vean garantizados por el poder judicial, y si el poder ejecutivo trata de limitar o evitar el control judicial estamos ante una situación gravísima. Tenemos esperanza. Creemos en el Estado de derecho y determinadas actuaciones policiales y de jueces nos amparan en esa esperanza.
Hemos de recordar que el golpe que sufrió la democracia española con la actuación desleal del separatismo en 2017 fue contenido fundamentalmente por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del poder judicial. Y ahora mismo ante determinados excesos que se están produciendo por pate del Gobierno y de algunos destacados miembros de ese Gobierno, también confiamos en que las fuerzas de orden público y los magistrados tengan los medios suficientes para evitar ese deterioro institucional que en estos momentos está sufriendo España.
–Usted lanzaba ayer un mensaje apelando a la sociedad civil y a esa «fuerza de muchos pocos». ¿Qué papel cree que debe desempeñar hoy la sociedad civil en España?
–Cuando yo me refiero a los muchos pocos quiero decir que entidades como en las que nosotros trabajamos son fundamentalmente independientes, no estamos al servicio de un partido o un gobierno, sino del interés general y de la buena gobernanza.
Entendemos que la libertad, la democracia y el bien común deber ser los principios a preservar. La sociedad civil nace para fiscalizar, para denunciar los excesos del poder, para ayudar a familias o personas que ven vulnerados sus derechos, lingüísticos, constitucionales, económicos…Y para eso creo que es importante que seamos muchos, aunque sea dando muy poco.
Nosotros somos una asociación y una fundación muy humilde, pero tenemos aspiración a que muchos ciudadanos decidan que la labor que estamos realizando es necesaria y que la hacemos con un espíritu de servicio que ponemos a disposición del conjunto de la ciudadanía. Y también esperamos una cierta reciprocidad; eso solo será posible si muchos nos ayudan.
De ahí que reivindiquemos ese concepto de muchos pocos por la vía de la donación. Tenemos abierta en nuestra página web la figura del amigo de la fundación para que nos ayuden. Si lo que hacemos les parece bien a los ciudadanos –defender los símbolos constitucionales, los derechos lingüísticos, trabajar por la igualdad de derechos de todos los españoles, denunciar los excesos del poder, intentar garantizar que todos los españoles tengan igualdad en las prestaciones que reciban o denunciar la violencia política–, les pedimos que formen parte de nuestras entidades, de la fundación, que se hagan amigos y contribuyan a garantizar los derechos ciudadanos y la calidad democrática en España.