El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Girona ha estimado la solicitud de medidas cautelares presentada por Impulso Ciudadano y ha ordenado al Ayuntamiento de Hostalric la retirada del lazo amarillo de grandes dimensiones instalado en la ladera del Castillo de la localidad, un bien catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional.
El auto nº 176/2025, dictado el pasado 27 de octubre, considera que la colocación y mantenimiento del lazo constituye una vía de hecho y vulnera el principio de neutralidad institucional que obliga a todas las administraciones públicas.
El magistrado subraya que el símbolo tiene, en el contexto social y territorial de Cataluña, una “significación política inequívoca vinculada al proceso independentista” y que la pasividad del Ayuntamiento durante más de ocho años representa “una vulneración continuada del deber de neutralidad”.
La resolución judicial ordena al consistorio que retire el lazo en el plazo máximo de tres días desde su notificación, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se adoptarán las medidas coercitivas previstas por la ley.
Una victoria en defensa de la neutralidad institucional
Impulso Ciudadano interpuso el recurso contencioso-administrativo tras requerir sin éxito al Ayuntamiento que pusiera fin a la situación irregular. El procedimiento ha sido posible gracias a la iniciativa de nuestros socios y al trabajo del equipo jurídico de la asociación.
Con esta nueva resolución judicial, se refuerza una doctrina ya consolidada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que prohíbe la exhibición de símbolos partidistas en edificios y espacios públicos bajo control de las administraciones.
El compromiso de Impulso Ciudadano
Esta decisión judicial supone una nueva victoria de la sociedad civil frente a la utilización de los espacios públicos con fines partidistas. Desde Impulso Ciudadano seguiremos trabajando para garantizar que las instituciones representen a todos los ciudadanos por igual y que los símbolos oficiales se respeten como expresión de la legalidad y la convivencia democrática.
Barcelona, 31 de octubre de 2025